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Atención
especializada de médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogos, para
la violencia severa
El Funcionamiento del programa se da en
tres niveles de atención de acuerdo a la gravedad del problema, donde el
personal de la Secretaria de Salud se encuentra capacitado para otorgar la
ayuda inmediata en los centros de Salud y Hospitales del Estado.
La coordinación con otras dependencias
es vital para que sean atendidas las víctimas de violencia familiar y de género,
y en caso de violencia extrema puedan ser ingresadas a un refugio temporal
brindándoles seguridad, atención y orientación, detallo la Licenciada Ana María
Ruiz Flores responsable estatal del programa de prevención y atención a la
violencia familiar y de género.
En los últimos cuatro años la Secretaria
de Salud ha aplicado más de 30 mil encuestas como herramientas de detección de
violencia a mujeres mayores de 15 años, resultando positivos el 31 % de los
casos, referenciando a 4883 pacientes a un segundo o tercer nivel de atención.
En el rubro de atención psicológica se
han ofrecido más de 19 mil consultas a víctimas de violencia, y capacitado
alrededor de 1294 profesionales de la salud para ofrecer un mejor servicio en
la prevención y atención a la violencia familiar y de género en la Secretaría
de Salud en Baja California Sur.
En el primer nivel de atención en la
estrategia de implementación operativa se encuentra la atención esencial en
centros de salud, donde se ofrece la promoción del derecho a una vida sin
violencia, detecciones activas y contención y manejo de crisis.
La violencia severa clasifica para el
segundo nivel, brindando una atención especializada en hospitales generales y
de especialidad, conformado por un equipo de médicos, enfermeras trabajadoras
sociales y psicólogos, quienes brindan la detección activa, tratamiento médico
para lesiones leves y graves, especialidades médicas, así como tratamiento para
la violencia sexual.
El tercer nivel de atención se ofrece el
resguardo físico de las personas en refugios atendidos por instancias
judiciales, donde los victimas reciben protección, atención médica,
psicológica, apoyo legal, apoyo laboral con capacitación y bolsa de trabajo.
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