La Ley de Mejora Regulatoria beneficia y
fomenta el sector económico y desde el legislativo debemos otorgar los
instrumentos para la creación de un marco legal que fomente la inversión y el
empleo en Baja California Sur declaró la Diputada Lupita Saldaña, al señalar
que coincide con la propuesta del Ejecutivo para estimular acciones encaminadas
a fortalecer la inversión privada y la creación de nuevas empresas para que
puedan funcionar en menor tiempo.
Destacó
que la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado, está en línea con
los estándares internacionales en materia de negocios, contempla una reforma
constitucional, crea el Sistema de Mejora Regulatoria y el Consejo Estatal con
la participación indispensable de la ciudadanía, introduce mecanismos para
medir el costo de trámites y servicios y ordena su simplificación; entre otros
varios aspectos que impactarán positivamente al sector del comercio, la
industria y los servicios en el Estado. La iniciativa de Ley de Mejora
Regulatoria se elaboró con el apoyo de la COFEMER (Comisión Federal de Mejora
Regulatoria) que pertenece al OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) donde participan Alemania, Australia, Canadá, España,
Estados Unidos, Francia, Islandia, la Unión Europea y el Reino Unido,
entre otros; que buscan impulsar a través de políticas, instituciones y
herramientas que estimulen ambientes regulatorios en favor del emprendedurismo
y la actividad económica que redunda en mejores condiciones para los
ciudadanos.
Lupita
Saldaña externó que uno de los temas reiterados por parte del sector
empresarial, se refiere al exceso de trámites burocráticos, el tiempo que
requieren de manera individual en cada una de las áreas involucradas y la
inoperancia de muchos de ellos. El empresariado también ha denunciado que el
exceso de burocracia se traduce en el incremento de costos y también en el
riesgo de corrupción ya que en muchas de las ocasiones la gente busca
alternativas para obtener en menor tiempo sus autorizaciones. Dijo que la Ley
establecerá la creación de un catálogo que incluya los trámites y servicios
tanto estatales como municipales, con el objetivo de generar seguridad jurídica
y facilitar su cumplimiento mediante el uso de las tecnologías de la
información
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