La violencia feminicida es la forma extrema de
violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus
derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto
de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y
puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Título 2º., Capítulo V, Artículo 21. LGAMVLV.
En el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las
Mujeres en coordinación con el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, en el
marco del Programa de Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva
de Género 2014; y en coordinación con la Comisión de Igualdad del Congreso de
la Unión, se realiza el FORO
NACIONAL CONTRA FEMINICIDIO, los días 27 y 28 de Noviembre de 2014.
En el Estado de Baja California Sur, la tipificación
del delito de feminicidio es un importante paso para erradicar el flagelo de la
violencia contra las niñas y mujeres y la impunidad en la que se encuentran
muchos de estos casos. Su tipificación, constituye una importante herramienta
jurídica que permite, al sistema de procuración y administración de justicia,
investigar, perseguir y sancionar este delito desde una perspectiva de derechos
humanos y de género, lo que contribuirá a salvaguardar los derechos humanos de
las mujeres víctimas de este delito, garantizar un acceso eficaz al sistema de
justicia, a una protección efectiva de las instituciones del Estado, a la
reparación del daño y, lo más importante, a la no repetición de los hechos. Se
convierte así en la entidad federativa número 31 que tipifica este delito.
(Navarrete, 2014).
En el último informe del Comité de la CEDAW[1],
en el ámbito de preocupación Contexto General y Violencia por motivos de
Género, realizó la siguiente observación que alude al problema del feminicidio.
11. Al Comité le preocupa el hecho de que los altos
niveles de inseguridad y violencia en el Estado parte no se limiten a la lucha
contra la delincuencia organizada y, en consecuencia, estén afectando de modo
negativo a la población, en particular a las mujeres y las muchachas, en el
disfrute de sus derechos humanos. Le preocupa profundamente que la estrategia
de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada
con la impunidad y corrupción persistentes, haya contribuido a la
intensificación de unas pautas ya existentes de discriminación y violencia
generalizadas contra las mujeres en el Estado parte, basadas en actitudes
patriarcales, y a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible. Al Comité le
preocupa que las mujeres y las muchachas se vean sometidas a unos niveles cada
vez mayores y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como la
violencia doméstica, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en
particular el feminicidio, por agentes estatales, incluidos funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley y fuerzas de seguridad, así como por agentes
no estatales como grupos de delincuentes organizados.
Ante
esta observación, el Comité exhorta a México, como Estado parte, a:
a)
Revisar su estrategia de seguridad pública para la
lucha contra la delincuencia organizada a fin de adaptarla a sus obligaciones
internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, y poner fin a los
altos niveles de inseguridad y violencia en el país, que afectan de forma
desproporcionada a las mujeres y las muchachas;
b)
Invertir los efectos negativos de esta estrategia
para las mujeres y las muchachas y cumplir sus obligaciones de diligencia
debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia
doméstica, las desapariciones forzosas, las torturas y los asesinatos, en
particular el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de
delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación
a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente del
contexto y de los presuntos responsables;
c)
Impartir capacitación sistemática en materia de
derechos humanos, en particular sobre los derechos de la mujer, a todos los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a las fuerzas del ejército y
la armada que participan en operaciones en el contexto de la estrategia de
seguridad pública y establecer y hacer cumplir un código estricto de conducta a
fin de garantizar de modo efectivo el respeto de los derechos humanos;
d)
Adoptar todas las medidas necesarias para establecer
un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la
violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las
circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información
sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos.
Estas
recomendaciones, constituyen asuntos prioritarios en la Agenda de Género de
todas las entidades federativas del Estado Mexicano para avanzar en la
erradicación de la violencia contra las mujeres; y de especial importancia para
ser impulsadas por las instancias estatales y municipales de la mujer.
Objetivo
General del Foro.
Generar
propuestas de atención integral e inmediata al problema del feminicidio como
una expresión de violencia extrema contra la mujer considerando las medidas
legislativas, de prevención, atención y sanción de la violencia de género, en
el marco de aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y de las correspondientes en cada entidad federativa; de sus
Reglamentos y funcionamiento de los Sistemas Estatales, para avanzar en la
erradicación del flagelo de la violencia contra las mujeres en el Estado
Mexicano.
¨
Revisar
y analizar los procesos de avances en materia legislativa, la tipificación
jurídica, la intervención del personal de justicia y la sanción del feminicidio.
¨
Identificar
y analizar los tipos de registros estadísticos de la violencia feminicida, su
sistematización y la generación de procesos de investigación académica.
¨
Analizar
la efectividad de los servicios de atención integral a víctimas, su protección y
seguridad.
¨
Intercambiar
buenas prácticas de acciones de prevención, analizar sus resultados y proponer
acciones alternativas para evitar la violencia feminicida.
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