El Congreso del Estado aprobó por mayoría de
votos reformas a los artículos 82 y 84 de la Constitución Política del Estado
de Baja California Sur en la que se establece que para ser titular de la
Procuraduría General de Justicia y de Despacho en la administración
estatal no se requiere ser originario del estado o
residente del mismo como lo señalaba el texto constitucional.
El dictamen de las
modificaciones legales y que mereció la dispensa de la segunda lectura, fue
presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, que
encabeza el Diputado Alfredo Zamora García, señala que con la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se le dota al de los instrumentos jurídicos necesarios para
que se pueda auxiliar en el cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos
frente a la ciudadanía de las mejores mujeres y mejores hombres, con la experiencia
y capacidad que se requiera de las diferentes áreas de su administración”.
La votación a favor fue de
las fracciones de los partidos Acción Nacional y de Renovación Sudcaliforniana,
en tanto que los tres diputados del PRI y las diputadas del Movimiento de
Regeneración Nacional y del PRD votaron
en contra del dictamen, y a su vez el legislador del PT, Camilo Torres se
abstuvo de votar.
Puntualiza el documento que
conoció el pleno, que en una decena de
entidades federativas este tipo de disposiciones legales están vigentes para el
caso del nombramiento del titular de sus respectivas procuradurías, de tal
manera que todo aquel ciudadano o ciudadana que aspire a ser el responsable de
esta dependencia “debe de cumplir con las características de idoneidad para
ocupar el cargo y hacer frente a las necesidades de procuración de justicia que
reclama la sociedad”.
Especifica el dictamen
presentado al pleno de la XIV Legislatura que en estos momentos los ciudadanos
sudcalifornianos “más que nunca demandan resultados, nos demanda que cumplamos
con la responsabilidad que nos han conferido. Nos demandan que en nuestro
actuar pensemos siempre en cumplirles a ellos, que sin demagogia, ni
simulaciones hagamos las acciones que se traduzcan en beneficios reales para
ellos y sus familias”
Sostuvo que en el tema de la
inseguridad pública, la gente quiere resultados de sus instituciones, por lo
que los integrantes de la Comisión que tuvo a su cargo la dictaminación
“estamos convencidos de que la obligación de cada uno de los 21 diputados y
diputadas es legislar para dar a los poderes Ejecutivo y Judicial los
instrumentos jurídicos que les permitan cumplir a cabalidad con sus funciones
frente a los ciudadanos, y en el caso especifico del Poder Ejecutivo a través
de la Procuraduría General de Justicia, procurarle justicia a sus habitantes”.
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