viernes, 25 de septiembre de 2015

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS EXPRESA SU POSTURA EN RELACION AL TEMA DE LA MINERIA. CONSIDERA PROYECTO AMBIENTALMENTE INVIABLE



Con relación a la autorización de cambio de uso de suelo presentada por Desarrollo Zapal, S.A. de C.V. por parte del XIV Ayuntamiento de La Paz,  y las manifestaciones de la sociedad que se han hecho en torno a este caso, el Gobierno del Estado da a conocer lo siguiente:

1.   El 17 de noviembre de 2013, el Gobierno del Estado de Baja California Sur emitió una opinión negativa dentro del trámite de manifestación de impacto ambiental presentado por Desarrollo Zapal, S.A. de C.V. ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2.   En dicha opinión, el Gobierno del Estado manifestó que se trataba de un proyecto ambientalmente inviable. En uso de sus facultades y atribuciones, la Semarnat resolvió su autorización el 31 de julio de 2014.

3.   La postura del Gobierno del Estado en cuanto a la inviabilidad ambiental del proyecto presentado por Desarrollo Zapal, S.A. de C.V., no ha cambiado.

4.   El Gobierno del Estado no ha recibido solicitud alguna por parte del XIV Ayuntamiento de La Paz para publicar algún acuerdo de cabildo en el Boletín Oficial.

5.   Corresponderá a las autoridades municipales y, en su caso, a las autoridades jurisdiccionales competentes, en el ámbito de sus atribuciones y facultades y con pleno respeto a su autonomía constitucional, determinar la legalidad del cambio de uso de suelo autorizado, así como las acciones subsecuentes que conforme a Derecho corresponda emprender.


6.   Entendemos la controversia que ha generado este tema en la sociedad y, de la misma manera, lamentamos profundamente que la autoridad municipal de La Paz genere una percepción de opacidad en la toma de decisiones, especialmente en un asunto de interés público.


7.   El Gobierno del Estado de Baja California Sur asume su responsabilidad institucional de garantizar el principio de legalidad y el Estado de Derecho y, por tanto, hace un llamado a la ciudadanía a que conduzca la manifestación de sus posturas e ideas por los cauces legales, y sin afectar los derechos de terceros, como el libre tránsito.



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