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Conformación
del Congreso pone en peligro legalidad
de obras necesarias como desaladora de Los Cabos
El
gobernador Carlos Mendoza Davis anunció que ampliará la demanda de controversia
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de la
destitución de 5 diputados locales de
oposición y la amonestación de 3 más por
parte del grupo mayoritario de legisladores de Morena y PT.
Mendoza
Davis expresó que tras un análisis exhaustivo de las implicaciones jurídicas
que el hecho tendrá, no sólo para el Estado de Derecho, el funcionamiento del
Congreso, y para la vida de los ciudadanos, recurrirá a la Corte para que
valore y se pronuncie nuevamente sobre la legalidad de los hechos suscitados.
El jefe del
ejecutivo estatal lamentó que lo
sucedido en el Congreso retrasará aún más acciones importantes para los
ciudadanos como la construcción de la tan necesitada planta desaladora de Los
Cabos.
“Para
lograr la materialización de ese y otros proyectos, el Congreso debe autorizar
al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Los Cabos comprometan como garantía
para su financiamiento sus participaciones de ley. Si posteriormente, como ya
sucedió, la autoridad judicial determina que la integración del Congreso es
ilegal al no participar las 21 diputadas y diputados electos por medio del voto
ciudadano, dicha autorización y cualquier otra serán determinadas ilegales”,
advirtió.
De no
resolverse el problema, dijo, ese importante proyecto quedará suspendido, “como
muchos mas que pudieron haberse materializado si cada quien hiciera su trabajo
y cumpliera a cabalidad con la ley”.
Señaló que
es preocupante que una mayoría insensata e irracional atropelle el estado de
derecho y la legalidad, escudados en una falaz interpretación del principio de
mayoría legislativa, “que, a su decir, les permite todo, incluso violar la ley”.
Mendoza
Davis recordó que ante la duplicidad de mesas directivas del Congreso del
Estado, la Suprema Corte de Justicia
mandató -en mayo pasado -que se
reestableciera la conformación integral del congreso conforme a lo determinado
por los votos en el proceso electoral celebrado en junio del 2018, y que ese poder quedara bajos los efectos
legales de la última sesión legislativa que
presidió la diputada Daniela Rubio.
“Lamentablemente
lo instruido por la Corte no fue atendido por el Congreso y, por tanto, afecta
de nulidad, por ilegales, los actos que ha realizado, desde entonces, y realiza
hasta ahora, la mayoría artificial”, agregó.
El
mandatario estatal dijo que la sesión legislativa realizada el sábado pasado fue
convocada bajo los preceptos de la Ley Orgánica del Congreso, misma que no ha
entrado en vigor, porque fue expresamente suspendida por la Corte.
“Por si
esto no fuera suficiente, el grupo de los ocho diputados que fueron ilegalmente
sometidos a juicio político, goza de los beneficios de una suspensión concedida
por la juez segundo de distrito en Baja California Sur que expresamente
concedió la suspensión a los demandantes e instruye al Congreso se abstenerse
de dictar resolución definitiva dentro del juicio político referido”, agregó.
Refirió que
estos hechos constituyen un antecedente que atenta contra la democracia y el
Estado de derecho.
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