La autorización del proyecto fue nulificada en
agosto de 2010 y, sin embargo, la
DGIRA impide a PROFEPA a actuar
Los recursos legales de la empresa nunca tuvieron
suspensión.
El proyecto inmobiliario costero Paraíso del Mar, ubicado
en Baja California Sur (BCS), actualmente opera en la ilegalidad al no contar
con autorización en materia de impacto ambiental desde el 2010, esto por las
reiteradas omisiones de acción por parte de la Dirección General
de Impacto Ambiental (DGIRA), dependiente de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como de la delegación de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA) en BCS, denunció el Centro Mexicano de
Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).
El proyecto promovido por la empresa Desarrollos Punta La Paz S. de R.L. de C.V.
planteaba la urbanización de 504 hectáreas (has) con 2 mil 50 cuartos
hoteleros, más de 4 mil viviendas, dos campos de golf de 18 hoyos y una marina exterior
con capacidad para 535 embarcaciones, todo en la barra arenosa conocida como
"el Mogote" frente al malecón costero de la ciudad de La Paz , Baja California Sur.
En agosto de 2010 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa (TFJFA) resolvió [1] que la autorización ambiental del
complejo turístico es ilegal, obligando a que la SEMARNAT emitiera un
nuevo dictamen que retome los puntos de la sentencia del Tribunal Federal,
entre ellos, el hecho de que el proyecto se realiza en una zona forestal vedada
y que en su operación transgrede lo previsto por las normas
NOM-022-SEMARNAT-2003 y NOM-059-SEMARNAT-2011 al establecerse sobre ecosistema
de manglar y con la falta de valoración de afectación a especies marinas.
Sin embargo, desde que surtió efectos la sentencia y pese
a que se interpusieron denuncias populares ante la PROFEPA respecto a la
inexistencia de autorización, esta dependencia sólo procedió a preguntar a la SEMARNAT sobre la
vigencia de la recién nulificada resolución, a lo que la DGIRA respondió que era
válida por el sólo hecho de que la empresa promovente interpuso un juicio de
amparo.
"Desde el
principio se le recordó a la
PROFEPA , incluida su dirección jurídica, que en el juicio de
amparo presentar la demanda no otorga una suspensión automática. Es decir, éste
sólo se otorga por causales de seguridad personal o garantías individuales. En
el caso del medio ambiente puesto que es de interés público no se dan
suspensiones" declaró Mario Sánchez, abogado del CEMDA en su oficina noroeste.
La empresa promovente ha visto desmoronarse tanto su
proyecto como su defensa legal debido a que sus demandas en contra de la
nulidad de su autorización han sido declaradas inválidas, así como la petición
de que la sentencia del TFJFA se suspenda. El actuar de la DGIRA en los expedientes de
denuncia popular ha sido la de defender la legalidad de un acto administrativo
que ya no existe.
Como antecedente se puede señalar que ya se contaba con el
desistimiento de autorización en materia de impacto ambiental a su camino de
acceso en Noviembre del 2008 [2],
obra que fue presentada por la empresa Urbanizadora Gema S.A. de C.V. como
externa al desarrollo principal y misma que fue clausurada por PROFEPA en 2011,
precisamente por operar sin autorización.
"La
Delegación de la
PROFEPA en Baja California Sur no ha hecho uso de sus
facultades en los procesos de Paraíso del Mar, simplemente ha esperado a una
orden de la DGIRA
que no llegará. La omisión de la
PROFEPA para actuar ha ocasionado que paraíso del Mar lleve
dos años construyéndose sin autorización", añadió Mario Sánchez.
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