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El jefe
de la Oficina del Ejecutivo, Carlos Amed Rochín Álvarez, dio a conocer esta
medida
“El Gobierno de Baja California Sur ratifica su compromiso
hacia el absoluto respeto de la ley y el estado de derecho, aspectos
indispensables para la consolidación de una sociedad verdaderamente justa,
equitativa y democrática”, afirmó el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Carlos
Amed Rochín Álvarez, luego de dar a conocer el veto ejercido por el Gobierno
del Estado hacia la reforma de Ley sobre el exceso de la Legítima Defensa.
El funcionario señaló que, ante las consecuencias
que pudieran generarse en diversos supuestos, el gobernador Carlos Mendoza
Davis presentó observaciones ante Honorable Congreso del Estado, respaldado en
su facultad constitucional de hacer indicaciones en forma de veto a los
proyectos de ley o decretos que el Congreso le remite, en las últimas etapas
del proceso legislativo.
Este veto apuntó, encierra tres argumentos
principales, el primero de ellos, se formuló para proteger un derecho que tiene
cualquier ciudadano, conocido como exceso de legítima defensa, de poder aplicar
una penalidad menor al delito al que pudiera haber incurrido una persona al
defender su vida, la de otros o al proteger sus bienes, pero que al hacerlo
hubiese incurrido involuntariamente en un exceso.
Asimismo, como segundo motivo se formula para
impedir que se puedan generar espacios de impunidad disfrazados de defensa propia,
ya que la reforma plantea que, al encontrarse el ciudadano dentro de su
domicilio, no habrá delito alguno que pueda castigarse si se ejerce la legítima
defensa, lo que puede derivar en abusos muy serios.
En tercer lugar, el veto del Ejecutivo pretende
proteger los derechos de los menores, consignados no solo en la Constitución
sino en los tratados internacionales de los que México es parte, pues esta
reforma, elimina por completo el deber de evitar lesionar a un agresor cuando
este es menor de 18 años salvo que se trate de un ataque grave.
“El veto que ejerce el gobernador del Estado se
realiza en el marco de la división de poderes en un estado democrático de
derecho con pesos y contra pesos, es la Constitución Política del Estado la que
mandata al Ejecutivo a cumplir y hacer cumplir la ley; a vigilar y garantizar
principios fundamentales como la igualdad, la equidad, la justicia la liberta y
la inocencia entre otros. No dudamos de las buenas intenciones del legislador al
aprobar estas reformas al Código Penal, sin embargo, consideramos que la
redacción actual puede encierra riesgos prácticos, que deben discutirse con
detenimiento, para dificultar entre otros el ejercicio de las instituciones
encargadas de la procuración e impartición de justicia, para no vulnerar la
certeza jurídica de las personas”, aseguró el jefe de la oficina del Ejecutivo.
De igual manera, recordó que el marco normativo
actual de Baja California Sur contempla la legítima defensa y las condiciones en
las que esta puede darse, este previene cualquier abuso evidente de esta, pero
también protege a quien obra legítimamente para preserva su vida, la otros y
sus bienes, incurre en un exceso, mitigando la pena a la que pudiera hacerse
responsable.
Finalmente, Carlos Rochín dijo que confia en
que se abrirá un debate con seriedad y responsabilidad en el que además puedan
escucharse voces de profesionales.
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