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Atenderá controversias
entre la administración pública con particulares
Con la instalación del Tribunal de Justicia Administrativa, Baja California
Sur cuenta con órgano completamente autónomo y competente para dictar
resoluciones respecto a controversias que ocurran entre la administración
pública estatal o las municipales con los particulares, señaló el gobernador
Carlos Mendoza Davis luego de conminar a esta institución a ser vigilante del
actuar de los servidores públicos y validar sus actos y cuando sea necesario,
sancionarlos con la severidad que marque la Ley.
Durante el acto
protocolario de la instalación de la Salas Especializadas en materia
anticorrupción y responsabilidades administrativas, Mendoza Davis dijo que a
partir de hoy contamos con todos los operadores de nuestro sistema
anticorrupción para responder a la demanda ciudadana de honradez y rendición de
cuentas.
En presencia del
alcalde Armando Martínez Vega y de los titulares de los poderes Legislativo,
Francisco Javier Arce Arce y Judicial, Daniel Gallo Roddríguez, magistrado
presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
estado, Mendoza Davis consideró este hecho como un logro de la ciudadanía quien
se empodera frente a sus autoridades en la exigencia de una función
transparente, correcta y honrada.
“Se trata de una
instancia nueva, creada en conjunto entre Gobierno y sociedad, que tiene como
fin la prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas
y hechos de corrupción”, dijo.
El Tribunal combatirá
las acciones de quienes en lugar de cumplir con la función pública de servir,
se valen de sus posiciones para obtener beneficios y prebendas, puntualizó el
Ejecutivo estatal.
Por su parte Angélica Arenal Ceseña, magistrada presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa en la entidad, destacó la transformación de la justicia
Administrativa en Baja California Sur, que va más allá de la creación de la
estructura orgánica, pues se instituye una nueva época en la impartición de la
justicia ya que el Tribunal tendrá competencia para imponer sanciones a los
servidores públicos del Estado y municipios vinculados con responsabilidades
administrativas graves, fincar el pago de indemnizaciones y sanciones
pecuniarias por daños causados al erario público, así como la posibilidad de
imponer sanciones a particulares vinculados a responsabilidades administrativas
graves.
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