EN RIESGO DESALADORA DE LOS CABOS POR DESACATO DEL CONGRESO A LA SCJN

 

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El Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, llamó nuevamente al Congreso del Estado a cumplir con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reintegrar en sus funciones a los diputados destituidos.

El mandatario solicitó a los legisladores aprobar de nueva cuenta, con base en la legislación vigente, el proyecto de la desaladora de Los Cabos, pues la sesión en la que fue aprobado el decreto fue declarada inválida por la Corte.

El ejecutivo estatal recordó que en los últimos días tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un Juzgado Federal de Distrito, se pronunciaron sobre el conflicto que vive el Poder Legislativo local; sin embargo, los diputados de Morena y del PT se han negado a acatar lo ordenado por el Poder Judicial.

 “Resulta por demás inexplicable que quienes tienen el mandato popular de crear y reformar las leyes, hoy se nieguen a hacer valer el Estado de Derecho previsto en el orden constitucional”, agregó.

Desafortunadamente, comentó, los más afectados de esta crisis interna son los ciudadanos, ya que, como la Corte lo determinó, no hay seguridad ni certidumbre jurídica en los actos que emanan del Congreso del Estado.

El gobernador mostró la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde concede la suspensión de los efectos y consecuencias de las sesiones, cuya invalidez se solicitó y que incluye a aquella donde ilegalmente se autorizó el financiamiento de la desaladora de Los Cabos.

“Dicha negativa para cumplir lo ordenado, es un franco desacato a la ley y transgrede el Estado de Derecho”, expresó Mendoza Davis. “Resulta por demás inexplicable que quienes tienen el mandato popular de crear y reformar las leyes, hoy se nieguen a hacer valer el Estado de Derecho previsto en el orden constitucional”, agregó.

De igual manera, dio a conocer el resolutivo donde la Corte suspende la ejecución del Juicio Político que se realizó contra 8 diputados de oposición. Se trata, sostuvo Mendoza Davis, de medidas cautelares que ha dispuesto el Poder Judicial Federal y que deben ser cumplidas, acatadas.

Finalmente, el representante sudcaliforniano aseguró que, si no hay desaladora, no habrá resultados, y, por tanto, no habrán servido los esfuerzos que se realizaron en conjunto. “Digámoslo como es: será un fracaso. Será fallarle a las y los cabeños”, reiteró.