El mandatario
sudcaliforniano expresó su confianza en que se solucione este conflicto, y
recordó la doble obligación de los servidores públicos con los ciudadanos, la
legal para cumplir y hacer cumplir las leyes y, la moral, para trabajar y darle
resultados a la gente.
Cabe recordar
que ante la destitución de cinco diputados y la amonestación de 3 más, por
parte de un grupo mayoritario de legisladores de Morena y PT, el gobernador
amplió la demanda de controversia constitucional que mantiene ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Es así, que el
Máximo Tribunal en materia de justicia en el país ordenó que los diputados depuestos
se reincorporen a sus funciones con sus respectivos derechos y obligaciones en
el Poder Legislativo.
“Derivado de la ampliación de la controversia
que presenté, la Suprema Corte de Justicia de la Nación extendió la suspensión de los
efectos y consecuencias de las sesiones que el Congreso de BCS ha realizado
desde el 17 de marzo a la fecha y suspendió también la resolución del juicio
político en contra de ocho diputados”.
El ejecutivo
estatal subrayó que el Poder Judicial invalidó todas las sesiones, iniciativas,
dictámenes, leyes, decretos, puntos de acuerdo o cualquier acto legislativo
realizado desde que se expulsó a las y los legisladores de fuerzas políticas
minoritarias, hasta en tanto se pronuncie en la sentencia de fondo sobre la
constitucionalidad de dicho juicio político.
Mendoza Davis reiteró
su postura de que el Congreso del Estado respete la legalidad, se reinstale a
los ya señalados congresistas y se someta de nuevo la autorización de la planta
desaladora para el municipio de Los Cabos, entre otras acciones importantes
para el desarrollo de la entidad, apegados a la ley vigente.
“Estamos ante un tema de interés público que afecta nuestra vida
democrática, pero, sobre todo, el destino y bienestar de miles de hogares. Cerremos
filas, estamos a tiempo, la gente espera nuestra sensatez, nuestra
solidaridad”, concluyó.
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