A fin de otorgar
atribuciones al Instituto de Vivienda (INVI) para promover la creación de
planes y programas de vivienda que garanticen el acceso a personas con
discapacidad y obligarlo a que el 10 por ciento del total de viviendas
ejecutadas en el año se destinen a este sector poblacional, el diputado del PAN
Gil Cueva Tabardillo presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para
adicionar la fracción XVI al artículo 2, y reformar el último párrafo del
Artículo 5, así como crear el Capítulo VI denominado del Acceso a la Vivienda
de las Personas con Discapacidad, y adicionar los artículos 26, 27 y 28, todos
de la Ley del Instituto de Vivienda de Baja California Sur.
En la lectura de la
exposición de motivos, Cueva Tabardillo planteó en tribuna que el INVI en Baja
California Sur es el órgano de la Administración Publica que tiene
por objeto promover y ejecutar en el Estado los programas de vivienda,
reconocido por ser una de las instituciones públicas que otorga mayor beneficio
a la ciudadanía pues garantiza el acceso a vivienda a los sectores más
vulnerables de la sociedad.
Sin embargo, dijo, de
acuerdo con el Censo 2010, en el país existen 28.7 millones de viviendas
particulares habitadas. De ellas, 4.6 millones (16.3%) reportan que al menos
uno de sus habitantes tiene alguna discapacidad, y en Baja California Sur
existen, según el mismo censo, 23 mil 988 personas en esta condición”.
Para las personas con
discapacidad, precuisó Cueva Tabardillo, resulta casi imposible acceder a los
programas de vivienda, ya que generalmente no cuentan con trabajos donde puedan
cotizar para programas de seguridad social tales como FOVISSSTE o INFONAVIT,
por lo que la opción más viable que tendrían, en esencia seria el Instituto de
Vivienda de la entidad.
Añadió que aunado a
lo anterior, cuando llegan a acceder a los programas de vivienda ya sea del
Estado o de los Institutos Nacionales, éstos no garantizan su desarrollo, pues
las construcciones no cuentan con las adecuaciones arquitectónicas necesarias
para el libre desplazamiento y la plena realización de las actividades
cotidianas, lo que genera una situación de desventaja, o en su caso representa
un gasto adicional al generado por las adecuaciones que deben realizarse tales
como rampas, modificación de puertas, instalación de barandales, soportes fijos
en las paredes, etc.
En este sentido,
consideró el legislador panista que “el Estado debe ser garante de los derechos
de los ciudadanos y con mayor razón de las personas con discapacidad por lo que
sería un avance importante en materia de vivienda que se apruebe esta
Iniciativa”, misma que fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión
Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad.
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