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· En la comunidad de Tembabiche, municipio de Loreto,
señaló el secretario General de Gobierno.
El secretario General de
Gobierno, Armando Martínez Vega, reiteró que el Gobierno del Estado hará todo
lo posible para evitar que familias de la comunidad de Tembabiche en el
municipio de Loreto sean desalojadas, pero precisó que para ello también es
necesaria la voluntad de las propias familias para evitar que se ejecute el
ordenamiento de un juez federal.
Dijo que el Gobierno del
Estado actúa solamente como intermediario en el conflicto y no tiene ningún
interés que no sea el de lograr un acuerdo entre las partes, un acuerdo que ya
estaba establecido y que hoy, lamentablemente han desconocido las familias de
esa comunidad.
El subsecretario General
de Gobierno, Isidro Ibarra Morales, quien estuvo encabezando las siete reunión
entre las partes en conflicto, explicó que se fue construyendo un acuerdo en el
que se precisaron cuatro puntos, el otorgamiento de 20 hectáreas –--en lugar de
las diez que solicitaron--- 100 metros de playa, compartir al 50% el uso del pozo
de agua y desistir sobre el juicio agrario que se lleva a cabo en relación a
los predios 14 y 17 en la comunidad de Tembabiche.
Mencionó que el convenio
alcanzado inicialmente, tal vez no sería lo deseable, pero sí el mejor arreglo
y que pudiera ser tomado por el juez como un instrumento que evite el desalojo.
Con la postura asumida por los representantes de las familias, el Gobierno del
Estado no tiene más que intervenir.
Ibarra Morales lamentó
que el esfuerzo que se realizó por las partes involucradas en el conflicto y
del propio Gobierno del Estado como interlocutor, hayan tomado este giro que ha
llevado a perder una oportunidad de haber acertado en un tema que podría
representar beneficios importantes para la propia comunidad, rechazando un
acuerdo que evitaría el desalojo que ya dictó un juzgado federal.
Reiteró que la
intervención del Gobierno del Estado se dio a raíz de una solicitud que
hicieron los propios habitantes de Tembabiche, sólo como intermediario
estableciendo una mesa de conciliación, logrando que no fuera 20 sino 25 las
familias que se incorporaron al convenio.
Por su parte, la señora Luz
Inés de la Toba, propietaria de los terrenos en donde se encuentran asentadas
las familias, expresó su preocupación de que se hayan retirado de la mesa los
representantes de las familias, ya que ello llevaría a un desalojo que nadie
quiere, “principalmente nosotros porque les cedimos no 10; sino 20 hectáreas
para que regularicen su situación”.
Como último esfuerzo por
parte del Gobierno del Estado, este viernes funcionarios del estado y del poder
Judicial buscarán tener una reunión directamente con las familias para
informarles sobre la situación que viven y las consecuencias que tendrían que
enfrentar ante un ordenamiento judicial.
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