El
Diputado panista por el XI Distrito, Venustiano Pérez Sánchez recientemente
presento ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado
Iniciativa con Punto de Acuerdo por el
que la Décimo Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, con pleno respeto a la
división de poderes, exhorta al Gobernador
del Estado Carlos Mendoza Davis, para que gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la implementación de un programa para el Estado
de Baja California Sur, en el cual se puedan regularizar y/o nacionalizar los
autos y camionetas que circulan en Baja California Sur, y solicitó también un
plan integral de facilidades y beneficios fiscales para que los propietarios
antes señalados puedan regularizar su situación en plazos razonables. Lo
anterior debido a que existe la incertidumbre de más de 20 mil poseedores de
estos vehículos quienes no pueden regularizar sus vehículos y que
recientemente han sido sujetos a
operativos de decomisos por autoridades hacendarias federales. El legislador
comundeño expuso que en los últimos 38 años (de 1978 al año 2012) hubo un total de 19
medidas de regularización de vehículos ilegales de procedencia extranjera en
nuestro país, por lo que su propuesta es viable.
Pérez Sánchez
indicó que en el caso muy particular de Baja California Sur, sin que se conozcan
datos precisos, se estima que circulan alrededor de 20 a 30 mil autos sin
legalizar, lo cual representa un importante número de ciudadanos que no tiene
la certeza legal de la propiedad de sus
autos que utilizan para desplazarse a sus centros de trabajo, o bien para
utilizarlas en el desarrollo de
actividades productivas en el campo y la
pesca. Los cuales fueron adquiridos en
su mayoría debido a la imposibilidad de
solventar los costos de un auto en agencias automotrices. Estos ciudadanos al
día de hoy, se encuentran en una zozobra
debido a los operativos que la
autoridad hacendaria federal realiza en el territorio estatal bajo la
advertencia de que decomisara todos los
vehículos que se encuentran sin regularización.
El también Presidente de la
Comisión de Asuntos Agropecuarios, considero imperativo, pertinente y necesario
el solicitar el Gobernador del Estado que gestione ante las autoridades
hacendarias federales un programa de regularización y/o nacionalización para
que las familias sudcalifornianas que cuentan con vehículos sin legalizar,
puedan hacerlo mediante reglas y plazos
razonable para cumplir con la ley, y al mismo tiempo contribuir con la
hacienda federal y local con el pago de los derechos correspondientes. Ello
abonaría a fortalecer la hacienda federal y local, otorgaría certeza jurídica y
tranquilidad a los propietarios de estos
vehículos, y al mismo tiempo se
contribuiría a combatir la inseguridad y a mejorar el medio ambiente,
pues los vehículos ya legalizados
podrán ser sujetos a las medidas de control vehicular.
En el
documento legislativo se denuncia que los vehículos ilegales no llegaron solos a Baja California Sur, y que alguien les
permitió su internación a territorio nacional y luego a nuestra entidad federativa,
y los responsables en primer término son
las autoridades federales de aduanas, y las policías que resguardan y
patrullan las carreteras federales. Ninguna de estas autoridades hizo o hacen
nada para detener el ingreso de
estos vehículos. Ni muchos menos frenan
o impiden su comercialización en regiones fronterizas como la nuestra,
provocando que compradores de buena fe, se vean afectados por operativos de
decomisos por esas mismas autoridades que solapan la entrada y comercialización
de estos autos a la población, dejando al comprador y poseedor de estos
vehículos en una permanente zozobra, pues además de que no pueden regularizar
sus vehículos son sujetos a que se los decomisen. Vehículos que bien o mal,
representan un patrimonio y un artículo indispensable para desarrollar sus
actividades cotidianas. Si la autoridad federal es parte del problema, también
debe ser parte en la búsqueda de una solución.
El Diputado
Venustiano Pérez Saches consideró que las autoridades federales y locales no
pueden cerrar los ojos a esta
problemática social que impacta al desarrollo de nuestra sociedad y por lo
tanto debe buscarse una solución que
beneficie a la autoridad y a los propietarios de estos vehículos, por lo tanto
debe de gestionarse un programa de nacionalización y/o regularización, por eso
la legislatura estatal debe pronunciarse sobre esta problemática y emitir una
resolución que abone a resolverla, abordando el tema desde todos los aristas:
desde el derecho a que tienen los sudcalifornianos a contar con vehículos para
movilizarse y desarrollar sus actividades diarias, sean de esparcimiento,
trabajo o productivas; desde el punto de vista hacendario mediante el pago de
contribuciones por los tenedores de estos vehículos; la protección a la venta de vehículos por parte
de la industria nacional automotriz y vendedores de lotes de autos; y desde una perspectiva
de seguridad y cuidado del entorno ambiental “Con la presente proposición con punto de acuerdo, no se
defiende la ilegalidad, ni se protege o encubre la evasión fiscal,
ni mucho menos justifica que unos sí
paguen impuestos y otros no. Sin embargo, tampoco creemos en leyes severas, ni
en medidas extremas y sorpresivas para despojar a la gente de sus derechos y de
sus bienes, sin antes otorgarles las
facilidades para regularizar sus
vehículos” dijo.
La iniciativa se
turnó para su análisis y posterior dictamen a la comisión de Asuntos Fiscales y
Administrativos.
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