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El mandatario sudcaliforniano reiteró el llamado a la Federación
para que establezca un programa de emergencia económica
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Aseguró que no permitirá
agresión alguna a personal médico, de enfermería o intendencia que pertenezca
al Sector Salud
“La más alta encomienda que posee el Gobierno de Baja California Sur es
proteger la vida y salud de las personas, de ahí que haya publicado un decreto
para prorrogar hasta el 30 de mayo la declaratoria de emergencia sanitaria para
controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19”, estableció el
mandatario sudcaliforniano, Carlos Mendoza Davis al encabezar la sesión
permanente del Comité Estatal de Seguridad en Salud.
En el encuentro con autoridades de todas las dependencias de salud pública
en la Entidad, el ejecutivo estatal subrayó, que ante el desafío que plantea
esta pandemia, es conveniente ampliar el periodo de vigencia de dicha
declaratoria que, entre otros aspectos, dispone la suspensión temporal de todo
evento que implique la concentración de persona sin importar el aforo ni el
espacio donde se lleven a cabo.
Acompañado por el secretario de Salud en la Entidad, Víctor George Flores,
el gobernador destacó que en el decreto publicado este viernes en el Boletín
Oficial del Estado, se refuerzan las acciones de mitigación comunitaria, que
consisten en el resguardo domiciliario de la población, con la salvedad de
quienes desarrollan actividades esenciales como en rubros de salud, seguridad y
protección ciudadana, así como aquellas relacionadas con sectores fundamentales
de la economía, mismas que están previstas en la declaratoria de emergencia
emitida el pasado 31 de marzo.
Además, se restringe el tránsito de personas a solamente traslados
individuales, así como el uso obligatorio de cubrebocas para los ciudadanos que
poseen síntomas respiratorios relacionados con el COVID. Quienes incumplan con
estas medidas se harán acreedores a multas y arrestos de hasta por 36 horas, o
en su caso realizar durante tres días trabajo social relacionado con esta
contingencia.
Mendoza Davis puntualizó que, este nuevo decreto, fortalece las medidas de
distanciamiento social, así como aquellas acciones que deben tomarse en caso de
que se registre algún hecho que vaya en contra de la integridad de los
trabajadores de la salud, “eso en Baja California Sur no lo vamos a permitir, y
si llega a suceder, se aplicará toda la fuerza de la ley al responsable. Desde
el médico, la enfermera, hasta el trabajador de intendencia, deben saber que
aquí son valorados, protegidos y reconocidos, por lo que, al enfrentar alguna
situación de violencia deben hacerlo saber, pues lo que menos merecen es ingratitud
de todos”, aseguró.
Al extender la vigencia de estas acciones de contención se busca reducir la
velocidad de contagios generalizados por esta enfermedad, con el objetivo de
evitar la saturación de los hospitales que pudiera limitar, incluso anular, el
acceso a la atención médica oportuna para las personas que enfrenten
complicaciones al enfermar de COVID-19, comentó Mendoza Davis al recordar que a
través del programa de reconversión hospitalaria, el sector salud del Estado,
cuenta ya con 350 camas disponibles para la atención especial y aislada de
pacientes con esta infección. También se poseen 147 ventiladores volumétricos y
están en próximos a llegar 95 más, con lo que se tendrá en breve un total de
242.
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