México D.F., 16 de octubre 2012.- El Presidente Calderón promulgó la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, mejor conocida como la Ley contra el lavado de dinero.
Desde el inicio de esta administración se tomó la decisión de enfrentar, con todos
los recursos del estado, a la criminalidad que se había convertido en la mayor
amenaza contra la tranquilidad e integridad de las familias. Se han combatido sus
estructuras logísticas y operativas, sin embargo, la lucha por un México seguro
requería de dotar de nuevas herramientas al estado mexicano para golpear la
capacidad financiera de las organizaciones criminales.
En agosto del 2010, y en cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el
Ejecutivo Federal en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la
Legalidad, el Presidente entregó una iniciativa al Congreso de la Unión que
contenía los criterios adoptados por la comunidad internacional para el combate
eficaz contra el lavado de dinero, misma que dio lugar a la ley que hoy se
promulgó.
La ley está diseñada para detectar e investigar actos u operaciones que involucren
recursos de procedencia ilícita. El Presidente destacó algunos aspectos de la ley
como que prevé restricciones a las que se deberá sujetar la realización de
operaciones comerciales y financieras susceptibles de utilizarse para lavar dinero.
Para ello se establecen límites al uso de dinero en efectivo en operaciones
relacionadas con la adquisición de bienes que rebasen las cuantías determinadas
por la propia ley. Dentro de estas actividades, se encuentran las vinculadas a la
práctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos, la comercialización de tarjetas
de crédito o prepago, como en el caso de las tiendas departamentales, el
otorgamiento de préstamos o créditos como los otorgados por casas de empeño, la
construcción, desarrollo o compra-venta de bienes inmuebles, la comercialización
de obras de arte y piedras preciosas, así como la adquisición de vehículos, aviones
y yates.
La ley obliga a los intermediarios no financieros, es decir, a quienes participan en
determinadas transacciones económicas, a cumplir con obligaciones como verificar
la identidad de sus clientes y usuarios, solicitar información sobre su actividad,
ocupación o fuente de ingresos, así como conservar y proteger por cinco años la
documentación. Los fedatarios públicos tendrán la obligación de dar aviso a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre aquellas operaciones relacionadas
con la constitución de personas morales, la transmisión de acciones o partes
sociales, la constitución o modificación de fideicomisos y la compra-venta de
inmuebles.
La ley también establece nuevas obligaciones a las entidades financieras. Los
bancos y las casas de cambio deberán establecer medidas y procedimientos para
prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones sospechosas de ser caso de
lavado de dinero. Entre otras medidas, deberán presentar reportes periódicos a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las acciones consideradas como
vulnerables por la propia ley.
La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público contarán con mayores facultades y capacidades para recabar información
que les permita cortar el flujo de dinero de los grupos delictivos. Se otorga a la
SHCP la facultad de realizar visitas de verificación para comprobar si los sujetos
obligados cumplen o no con los deberes que les impone la ley. Esta dependencia
podrá imponer sanciones de hasta el 100% del valor de las operaciones.
El Jefe del Ejecutivo celebró que, dentro de los aspectos que contiene la ley, se haya
establecido la creación de una unidad especializada en análisis financiero,
enfocada en la investigación de operaciones realizadas con recursos de
procedencia ilícita. Esta unidad dependerá de la PGR y los servidores que la
integren serán sometidos a estrictos controles de confianza para garantizar su
profesionalismo. Con esta ley, nuevas instituciones y facultades, el Estado podrá
generar más y mejor inteligencia para combatir exitosamente a la criminalidad,
detectar recursos ilícitos e investigar y detener con más eficacia a los delincuentes.
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