*Senadores del PAN
proponen penas de prisión para los servidores públicos que permitan asentamientos
en zonas de riesgo.
*La iniciativa obligaría
a estados y municipios a denunciar violaciones a sus planes de desarrollo
urbano.
Junto a
diversos senadores del Partido Acción Nacional, Carlos Mendoza Davis presentó
iniciativa de reformas al Código Penal Federal, a fin de castigar con penas de 2 a 7 años de prisión,
inhabilitación y multas a los servidores públicos que teniendo la obligación de
evitar los asentamientos humanos en zonas de riesgo, autoricen o consientan su
ocupación.
Al respecto,
Carlos Mendoza expresó que durante su campaña pudo constatar las graves
consecuencias que generaron personas sin escrúpulos que, actuando muchas veces
con la complicidad de funcionarios públicos, llevaron a miles de familias a
establecerse en áreas no aptas para vivir, aprovechándose de su legítima
necesidad de vivienda.
Por eso, dijo
el Senador Mendoza, en Acción Nacional estamos planteando esta reforma, para
castigar a esos servidores públicos que consienten los asentamientos
irregulares poniendo en riesgo a miles de personas.
Asimismo, el
proyecto presentado por los legisladores de Acción Nacional contempla
modificaciones a la Ley
General de Asentamientos Humanos, a efecto de que las
entidades federativas y municipios denuncien violaciones a sus programas de
desarrollo urbano y promuevan, en el ámbito de sus respectivas competencias, un
marco de sanciones legales a quienes autoricen, avalen o permitan la ocupación,
lotificación, invasión o cualquier otra forma de aprovechamiento ilegal de
áreas en zonas de riesgo, no aptas para los asentamientos humanos, sin importar
su régimen de propiedad.
De acuerdo a
cifras del Banco Mundial, se estima que la instalación de infraestructura
básica como la luz, agua y drenaje en terrenos irregulares resulta hasta 10
veces más caro que en otras zonas, por lo que el costo de la ilegalidad también
es muy alto también desde la perspectiva económica. Se estima que en nuestro
país se asientan de manera irregular en promedio 80 mil hogares al año.
Con estas
medidas como ésta, el Senador Carlos Mendoza Davis, y la fracción parlamentaria
del Partido Acción Nacional en el Senado, refrendan su compromiso de atacar la
corrupción y la ilegalidad en todas las esferas del servicio público.
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